El Ministerio de Fomento no se aclara

Ayer saltaron las alarmas y se generó mucha confusión alrededor de las supuestas multas sobre las plataformas que incentivan el servicio de transporte compartido. Pues a las pocas horas el Ministerio de Fomento se desdijo y aclaró, mediante Joaquín del Moral (director general de Transporte Terrestre), que no iban a imponer sanciones monetarias a quienes utilicen plataformas que publiquen anuncios de personas que ofrecen su coche para compartir gastos, sin obtener beneficios a cambio. Como somos un país de pandereta hacemos y deshacemos cuando nos da la gana. Claro, pero uno se queda pensando, ¿a qué viene este cambio tan repentino?

La Comisión Europea, al enterarse que el Gobierno español iba a sancionar a los usuarios de todas las plataformas que se lucraran proponiendo compartir transporte, reclamó que las autoridades nacionales negociaran para llegar a un acuerdo con las empresas afectadas. Desde Bruselas se rechazó rotundamente la decisión tomada en España, porque la veían como "una medida extrema". El problema está en que hay plataformas como Uber que se benefician de forma considerable al promover este tipo de cooperación de transporte. No es el caso de Bla Bla Car, que aclaró a Fomento que sus usuarios solo comparten gastos.

Aún así, desde la Comisión Europea no ven a Uber como un enemigo para los taxistas. Curioso, porque un taxista tiene que pagar tasas como la licencia para tener un taxi (que es una gran inversión) y la cuota de autónomo, que son inversiones considerables, cosa que los conductores de Uber no pasan por el mismo aro.

Entonces, ¿va a ser cierto que se les va a multar como decían en el comunicado de ayer? Como no ha quedado muy claro, los taxistas de Madrid han propuesto hacer huelga de 24 horas como medida de protesta ante la posibilidad que el sistema de funcionamiento de Uber se instale en España. Consideran que es un sistema ilegal y de competencia desleal. "Ésta ha empezado a operar en territorio español con vehículos particulares y conductores particulares, algo que va en contra de lo que establece la legislación española en materia de transportes terrestres en automóviles de turismo y que, además, pone en grave riesgo a los usuarios al carecer de las autorizaciones, los seguros y las garantías correspondientes, así como los requisitos que establece la propia Ley para prestar un servicio de transporte de viajeros", aseguraron los taxistas. 

"La pasividad que muestran las administraciones públicas ante las continuas denuncias que han planteado los taxistas de toda España" han provocado esta situación de crispación, por lo que no descartan en ningún momento convocar paros en todo el territorio español. Los taxistas añadieron que "cerca de 100.000 familias dependen directamente del taxi en toda España y lo único que solicitamos es que se haga cumplir lo que establece la Ley y no se ponga en peligro también la seguridad de los usuarios".

Se avecina otro problema gordo para un Gobierno que le salen problemas a diario. ¿Mala gestión? ¿Falta de aptitudes? Juzguen ustedes mismos. 

Artículos relacionados:
Limitados al son del Gobierno